En la India, un nuevo proyecto de ley presentado en la cámara baja del Parlamento ha generado gran preocupación entre activistas y miembros de la comunidad trans. La propuesta busca modificar la Ley de Protección de Derechos de las Personas Trans de 2019, vulnerando derechos fundamentales que habían sido protegidos desde una histórica sentencia del Tribunal Supremo en 2014, conocida como el caso NALSA.
Los defensores de los derechos trans han calificado el proyecto como “inconstitucional” y “peligroso”. Se espera que la norma se convierta pronto en ley, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el impacto que tendrá en la autodeterminación, la privacidad y la seguridad de las personas trans en el país.
Restricciones para la identidad trans
Las enmiendas propuestas reducen la definición de “persona trans”, excluyendo amplias identidades como hombres trans, personas no binarias o género fluido, así como muchas identidades intersexuales y trans-femeninas que no encajan en categorías rígidas. Este cambio dejaría fuera a muchas personas que hoy están reconocidas bajo la ley vigente.
Además, la propuesta elimina el derecho a la autodeterminación de género dentro del texto legal. En su lugar, exigiría que quien quiera que se reconozca legalmente como trans deba presentar un certificado médico que pruebe el cambio de género tras un proceso quirúrgico. Este certificado, emitido por un funcionario médico superior, debe ser aprobado por un magistrado de distrito, quien otorga el reconocimiento oficial. Este nuevo requisito excluye la posibilidad de autoidentificación basada en la percepción personal del género.
Imposición de juntas médicas
Conforme a la reforma, se establecerían «juntas médicas» encabezadas por un jefe o subjefe médico que certificarían la identidad de género. El magistrado no podrá otorgar el reconocimiento sin la recomendación de estas juntas y tiene potestad para consultar a más expertos médicos si lo considera necesario. Esta supervisión médica perpetúa una visión patologizante de la identidad trans.
Esta medida preocupa por vulnerar la privacidad y autonomía, ya que no se aclara que las consultas médicas deban ser confidenciales o contar con el consentimiento informado del solicitante. Anteriormente, la ley de 2019 no exigía intervención médica ni quirúrgica para el reconocimiento, permitiendo la autoidentificación directa. Ahora la norma pretenderá controlar y validar esta identidad mediante procesos médicos externos.
Criminalización y ambigüedad legal
La propuesta retiene delitos ya establecidos contra la discriminación y abuso de personas trans, como trabajos forzados o negarles acceso a espacios públicos, con penas consideradas insuficientes por expertos. Sin embargo, agrega nuevos delitos vinculados a la coacción para que alguien adopte o exhiba una identidad trans a través de engaños o fuerza. Sin embargo, los términos sobre cómo se define “presentarse como trans” son vagos y abiertos a interpretaciones policiales arbitrarias.
Estas modificaciones podrían criminalizar situaciones donde, por ejemplo, personas trans se incorporan voluntariamente a redes comunitarias o estructuras tradicionales como los hijra gharanas, que son comunidades kinship basadas en vínculos sociales en la región surasiática. Esto genera inquietud sobre un posible uso represivo del sistema penal contra la autogestión y defensa comunitaria trans, especialmente en contextos donde el Estado y las familias no dan apoyo.
No existen evaluaciones públicas que justifiquen la necesidad de esta ampliación criminal y no hubo consultas amplias con representantes trans ni valoración del impacto social o judicial que esto puede conllevar, lo que alimenta dudas sobre el objetivo real de estas medidas.
Instancias legales y movilización social
Por el momento, la ley no ha sido aprobada y su destino puede variar: desde la aprobación directa hasta la retirada o el envío a un comité parlamentario especializado que la analice en detalle y consulte a expertos y comunidades. Paralelamente, existen recursos legales pendientes ante el Tribunal Supremo contra la ley de 2019 que podrían influir en futuras decisiones, aunque no se prevé una resolución rápida.
Frente a esta situación, activistas y organizaciones transfeministas continúan movilizándose para exigir la retirada total del proyecto y la preservación de los derechos consagrados por la corte en 2014. Su lucha se basa en la defensa de la autodeterminación y el respeto a la diversidad de identidades dentro del colectivo.
Las voces críticas coinciden en que este retroceso afecta una década de avances legales y sociales para las personas trans en la India, poniendo en riesgo su dignidad, autonomía y reconocimiento integral.
