El Partido Popular presentará en el próximo Pleno del Congreso una proposición de ley que busca modernizar la legislación vigente sobre seguros agrarios combinados. La iniciativa propone ampliar la cobertura de estos seguros para incluir la volatilidad de los precios en el sector agrícola, más allá de los tradicionales riesgos asociados a fenómenos climáticos o sanitarios.
Según detallan desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, la Comisión Europea ya reconoce que los riesgos propios de la actividad agraria no solo se derivan de factores climáticos o sanitarios, sino también de la fluctuación en los precios y la estabilidad del mercado. Sin embargo, la experiencia acumulada y las demandas de los productores evidencian que los instrumentos actuales resultan insuficientes para proteger a los agricultores frente a la inestabilidad de sus ingresos.
Hasta ahora, los seguros agrarios nacionales han estado dirigidos principalmente a cubrir pérdidas causadas por eventos climáticos adversos o problemas sanitarios en cultivos y ganadería. No obstante, la caída en los precios de mercado, que impacta directamente en la rentabilidad de las explotaciones, ha comenzado a ser reconocida en el ámbito europeo a través de la Política Agraria Común (PAC), lo que impulsa la necesidad de una reforma a nivel nacional.
El texto propuesto contempla modificar tanto la Ley de Seguros Agrarios de 1978 como el reglamento asociado para incluir explícitamente en la lista de riesgos aquellos vinculados a los ingresos o rentas agrarias. De esta manera, las pólizas podrán integrar cláusulas relacionadas con fluctuaciones de precios, cambios en la demanda o dificultades de acceso a mercados que afecten la sostenibilidad económica de las explotaciones.
Para establecer las metodologías y parámetros de cálculo de estos nuevos riesgos, el PP plantea una disposición adicional que encomienda a ENESA, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, la creación de un grupo de trabajo encargado de definir los indicadores y cifras que deberán incorporarse al Plan de Seguros Agrarios en el plazo máximo de un año.
Esta reforma representa un avance significativo para el sector primario, reforzando su capacidad de resistencia frente a la creciente incertidumbre de los mercados y alineándose con las directrices comunitarias para una agricultura más segura y sostenible.
