El Ejecutivo español y los principales sindicatos con representación en la Administración General del Estado (AGE) preparan la implementación de la jornada laboral de 35 horas, una medida que se hará efectiva desde marzo. Para ello, están previstas reuniones técnicas el 23 y 25 de marzo que buscarán cerrar los detalles finales y ratificar la iniciativa en la Mesa General de Negociación de la AGE.
Este cambio forma parte del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, firmado por UGT y CCOO junto con el Gobierno, y que responde a demandas históricas del personal público. Desde UGT Servicios Públicos subrayan que la reducción horaria debe establecerse como un derecho garantizado para todos los empleados públicos, descartando que su aplicación implique retrocesos en materia de conciliación laboral o calidad del servicio.
En paralelo, estas reuniones técnicas abordarán otros temas clave, como la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026, además de discutir la regulación del acceso para personas con discapacidad en la AGE. En cuanto a la oferta de empleo, UGT insiste en la necesidad de crear empleo neto y acelerar los procesos selectivos, recordando que aún quedan pendientes diversas convocatorias de personal laboral correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. En concreto, unas 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna siguen sin ser convocadas, un hecho que perjudica tanto la calidad del servicio público como las expectativas del personal.
Asimismo, se destaca la urgencia de reforzar las plantillas en organismos con alta demanda como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de Tráfico, las oficinas de extranjería y especialmente la Seguridad Social, donde la dificultad para conseguir citas refleja déficit de recursos humanos.
Finalmente, la regulación relativa al acceso de personas con discapacidad en la AGE reafirma el compromiso por una administración diversa, inclusiva y accesible, que garantice los derechos laborales y sociales de todos los empleados públicos.
