En enero de 2026, Estados Unidos anunció su salida de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y de varias organizaciones internacionales relacionadas, lo que implica un duro impacto para los esfuerzos multilaterales en la acción climática. Esta retirada se produjo después de que, en la COP30 celebrada en Belém en octubre de 2025, se impulsara un mecanismo de Transición Justa centrado en los derechos y las personas.
El abandono estadounidense del principal tratado global sobre el clima entrará en vigor en un año y ha generado esperanzas de un mecanismo de transición justa más autónomo y libre de la influencia estadounidense. El mecanismo se vincula al llamado Belém Action Mechanism (BAM), una iniciativa que promueve la cooperación internacional, la asistencia técnica y la construcción de capacidades para un abandono ordenado de los combustibles fósiles, respaldado vigorosamente por la sociedad civil y diversos activistas.
No obstante, el llamado mecanismo de transición justa se enfrenta a un problema estructural fundamental: las condiciones históricas que hicieron posible su concepción y puesta en práctica están obsoletas. La burocracia de la CMNUCC ha funcionado durante años bajo la ignorancia o negación del imperialismo, una realidad que hoy se impone con fuerza tras el colapso del neoliberalismo y el resurgimiento de un imperialismo estadounidense cada vez más militarizado y con tintes fascistas.
El neoliberalismo ya no solo acorta la esperanza de vida: ahora acelera las tasas de mortalidad en el mundo a través de conflictos armados y guerras activas. Esta transformación está moldeando las nuevas formas del imperialismo. La desglobalización comercial liderada por EEUU, reflejada en aranceles y proteccionismo europeo, convive con un imperialismo financiero en expansión, caracterizado por crisis de deuda soberana, ingeniería financiera y crecimiento exponencial del crédito privado.
Según el economista C.P. Chandrasekhar, esta situación apunta a un escenario donde la economía global carecerá incluso de rutas de escape para superar las dificultades económicas y avanzar hacia una recuperación sostenible.
Dentro de este contexto, la pregunta central es qué tipo de “transición justa” es siquiera posible y cómo podría concebirse una transición verdaderamente centrada en las personas bajo estas condiciones tan adversas.
Debates y limitaciones de los Green New Deals
La historia del orden global actual, marcada por genocidios como el palestino, revela la profunda ambivalencia en Occidente para reconocer que el ecocidio puede considerarse un genocidio. Esta ambivalencia nace en un contexto de respuestas tecnocráticas y reformistas ante la crisis climática, que reducen a los trabajadores a simples mercados laborales y herramientas para aumentar la productividad, mientras ocultan las relaciones de clase, el poder de clase y las desigualdades materiales.
Ejemplos claros son los Green New Deals occidentales, inspirados en una versión suavizada del Plan Marshall. Sin embargo, se omite que este plan no fue simplemente una transferencia de capital de EEUU a Europa, sino una estrategia de contención contra el comunismo implementada a costa del Sur Global. Como la investigadora Utsa Patnaik ha documentado, estas transferencias actúan a modo de «drenaje colonial» o un Plan Marshall invertido, que perpetúa la desigualdad global más que aliviarla.
Al omitir tanto el rol fundacional del Plan Marshall como las dinámicas extractivas del imperialismo, economistas y tecnócratas han centrado los Green New Deals en aspectos financieros, abordando la crisis climática como un problema de asignación de fondos o de políticas industriales tecnológicamente neutrales, sin cuestionar las relaciones de extracción y poder subyacentes.
Este estancamiento ha generado debates polarizados sobre la política industrial, divididos entre estrategias centradas en la producción manufacturera y otras en el desarrollo basado en servicios, sin que ninguno aborde en profundidad el rol del imperialismo o la realidad social del Sur Global, donde grandes sectores de la población son campesinos, trabajadores informales o sin tierra.
Además, el concepto de «productividad» que subyace en estos debates se mantiene como el dogma inamovible de la economía dominante, pese a su escaso análisis crítico. Por ello, disponer o no de una política industrial ‘verde’ no es ni causa ni solución a la crisis climática ni al subdesarrollo del Sur Global. Dicha política está estrechamente condicionada por leyes y regulaciones que aseguran la «bancarización» de los proyectos, alineándolos con un sistema capitalista cada vez más monopólico y en guerra permanente.
La creciente militarización y sus efectos en el Sur Global
La impunidad de los contaminadores del Norte Global, la distribución desigual de recursos y la ausencia de reparaciones climáticas ya no son los únicos motores de la crisis ambiental. La expansión de la carrera armamentista global, donde países del Sur Global aumentan su protagonismo, acelera peligrosamente esta dinámica.
Pakistán es un ejemplo clave: recientemente ha exportado aeronaves y material militar a Libia, Arabia Saudí y Sudán, mientras potenciales compradores —como Irak, Bangladés e Indonesia— muestran interés. Aunque Pakistán mantiene una cadena de valor de defensa estatal respaldada por China, esta expansión no obedece solo a intereses económicos, sino a cambios en las alianzas y en las élites capitalistas nacionales. Este rumbo perjudica tanto a la población como al clima, pues un auge en exportaciones militares no genera desarrollo amplio sino desvío de recursos necesarios para sectores sociales y productivos. Solo las inundaciones de 2022 causaron daños por valor de unos 30.000 millones de dólares, un desastre ya recurrente.
El imperialismo estadounidense no solo consolida el militarismo y el fascismo en el mundo, sino que agrava estas tendencias dentro del Sur Global, agudizando la brecha estructural entre el Estado y sus pueblos. La participación de Pakistán en la «Board of Peace» contradice directamente su identidad como estado confesional y su rechazo histórico a la existencia de Israel.
La política dependiente está también atada a la conformidad con el régimen arancelario de EEUU, que obliga la compra de aviones Boeing mediante acuerdos bilaterales con países como Camboya, Vietnam, Malasia y Bangladés. De hecho, Vietnam, a pesar de prepararse para un potencial ataque estadounidense en 2024, firmó en 2025 un acuerdo de 8 millones de dólares con Boeing. Este ejemplo ilustra que ningún país está excluido de la agresión estadounidense, pero todos deben aceptar distintos grados de sumisión y cumplimiento. Más allá del Sur Global, solo la amenaza de invasión a Groenlandia por parte de EEUU ya pondría en riesgo a la OTAN.
El frágil tratado de no proliferación nuclear frente a los subsidios a combustibles fósiles del Sur Global
Además del avance militar, el imperialismo estadounidense también ha redirigido la atención global hacia la energía nuclear y la disuasión nuclear, tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán. Aunque el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) se presenta como un marco universal para la paz, actúa en realidad como un instrumento de control tecnológico similar a los regímenes de propiedad intelectual, congelando el acceso a las armas nucleares en un pequeño grupo selecto de Estados que las poseían en 1967.
Este tratado institucionaliza una jerarquía permanente, legitimando que los estados nucleares modernicen sus arsenales mientras prohíbe que otros los adquieran, independientemente de sus amenazas reales o historial de intervenciones extranjeras. Países como India, Pakistán e Israel no firmaron el tratado, y Corea del Norte lo abandonó en 2003.
La aplicación selectiva y desigual de las normas del TNP es evidente en el caso Irán: a pesar de ser signatario y estar sujeto a rigurosas inspecciones, ha sufrido sanciones, sabotajes y ataques militares, mientras que estados nucleares alineados con EEUU gozan de impunidad. En estas circunstancias, para muchos países del Sur Global la capacidad nuclear es vista como una medida disuasoria frente a un historial de invasiones, cambios de régimen y expoliación por parte de potencias imperiales.
Esta realidad lleva a cuestionar qué puede significar hoy una “transición justa” en un mundo que se acerca a tensiones estratégicas semejantes a la Crisis de los Misiles de Cuba. Con el financiamiento monopolista alejándose de compromisos reales de emisiones netas cero y un retorno a doctrinas de destrucción mutua asegurada, resulta contradictorio exigir que el Sur Global elimine sus emisiones mientras enfrenta militarización, inseguridad energética y subdesarrollo estructural bajo regímenes económicos desiguales.
El reclamo generalizado para eliminar subsidios al carbono y combustibles fósiles en el Sur Global no considera las consecuencias inflacionarias de esa eliminación en sus economías, pues está vinculada directamente a necesidades básicas como la electrificación, el transporte y los precios de los alimentos. Retirar estos subsidios sin abordar el drenaje de capital hacia grandes corporaciones y elites capitalistas, nacionales e internacionales, solo empeorará la situación para la población.
Según el economista Prabhat Patnaik, estos flujos de capital reducen el consumo popular y la demanda en economías frágiles, afectando principalmente a las pequeñas y medianas clases capitalistas nacionales, mientras que fortalecen a los monopolios que poseen la mayor parte de los subsidios energéticos, especialmente aquellos con capital internacional basado en el Norte Global, que reciben subsidios de sus propios gobiernos. Por ejemplo, solo EEUU subvenciona su sector fósil con 30.800 millones de dólares anuales.
Por lo tanto, las iniciativas convencionales que abogan por recortar subsidios fósiles en el Sur Global solo son viables si también implican reducciones equivalentes en el Norte Global y aumentos efectivos de tributación progresiva, reinvirtiendo esos recursos en las economías afectadas.
¿Qué es entonces una transición justa antiimperialista para los pueblos?
No es sorprendente que la rígida burocracia internacional sobre el clima, que debate incansablemente sin nombrar el imperialismo y otorga un papel central a Estados Unidos y sus aliados, no haya logrado cumplir ningún objetivo climático significativo ni empoderar a los Estados soberanos para resistir la dominación imperialista. La «Board of Peace» de Gaza no sustituye ninguna estructura anterior, sino que simplemente recentraliza a EEUU y sus clientes en otra plataforma institucional.
También es crucial recordar que los debates sobre transición justa dentro de la ONU excluyen a países sancionados o «parias» como Venezuela, Irán, Cuba o Corea del Norte, ignorando una parte importante de la realidad mundial.
Lo que sí es evidente es que el objetivo de una transición justa antiimperialista se traduce en las luchas cotidianas de pueblos indígenas, movimientos campesinos, feministas radicales y activistas de base contra el imperialismo, el gran capital y el colonialismo asentado. El gran desafío es cómo unir, replicar y amplificar el impulso de estos movimientos ya existentes.
La crisis global clama por un desacoplamiento del orden imperialista occidental y la creación de un bloque económico de países del Sur Global, lo que puede fortalecer a estas naciones pero no elimina las causas profundas del ecocidio imperial en Occidente. Por eso, una transición justa antiimperialista es una transición para la supervivencia, que también lucha por desmontar las formas genocidas del imperialismo occidental vigente.
Autor: Farwa Sial, economista política experta en desarrollo, finanzas climáticas, política industrial y acumulación privada en el Sur Global. Investigadora asociada en el Departamento de Economía de SOAS, Universidad de Londres, cuenta con una década de experiencia en investigación, docencia y políticas en foros multilaterales.
