El 8 de marzo de 2026, con motivo del Día Internacional de la Mujer, los organizadores y participantes de la marcha feminista conocida como Aurat March en Islamabad sufrieron una dura represión por parte de la policía local. Un despliegue policial considerable llevó a la detención de más de 60 personas, entre ellas activistas reconocidas y numerosos colaboradores. La acusación oficial fue la violación de la Sección 144 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe cualquier reunión pública en zonas específicas bajo la amenaza de sanciones.
El enfrentamiento tuvo lugar en las inmediaciones de un supermercado en el Sector F-6, punto de partida previsto para la marcha hacia el Club de la Prensa en el centro de Islamabad. Los participantes, convocados por el colectivo feminista Hum Aurtein, fueron dispersados con fuerza y trasladados en vehículos policiales a la Comisaría Femenina de G-7. Allí permanecieron detenidos casi diez horas, obligados a firmar declaraciones que les prohibían futuros actos similares.
La Sección 144, un vestigio colonial frecuentemente invocado para limitar la libertad de reunión, había sido impuesta en Islamabad días antes como respuesta a la inestabilidad social por el supuesto asesinato del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Sin embargo, los manifestantes negaron haber sido notificados previamente sobre esta restricción. La policía confiscó teléfonos móviles y amenazó con arrestar también a familiares y amigos que se acercaban a las dependencias policiales buscando información.
Según testimonios recogidos por el equipo de Global Voices en el lugar, las condiciones de detención fueron precarias y hostiles. Se informó de hacinamiento en celdas pequeñas, ausencia de servicios sanitarios funcionales y falta de contacto con familiares. Varias niñas menores de 14 años estuvieron entre las detenidas. Mavra Bari, socióloga y activista, relató agresiones físicas y verbales, incluso hacia acompañantes masculinos, algunos de los cuales sufrieron fracturas tras ser golpeados con porras.
A pesar de que muchos de los arrestados no participaron directamente en la marcha —en su mayoría se encontraban fuera de la comisaría para obtener información—, fueron igualmente aprehendidos y obligados a firmar declaraciones que admitían supuestos disturbios y se comprometían a no asistir a futuras protestas. Este trato desproporcionado contrastó con las celebraciones oficiales del día, que destacan los derechos de las mujeres.
Incluso periodistas presentes para cubrir el acontecimiento denunciaron haber sido amenazados, detenidos y maltratados cuando intentaban recoger testimonios o entrevistar a familiares de los manifestantes.
Reacciones y condenas
Diversas organizaciones de derechos humanos y redes de defensa de la libertad de prensa emitieron condenas al accionar policial. La Red de Libertad (Freedom Network) criticó tanto la violencia ejercida sobre los manifestantes como la represión a los medios de comunicación. Por su parte, los organizadores de Aurat March junto a la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán convocaron una rueda de prensa para denunciar la violencia y exigir una investigación oficial y la responsabilidad de los responsables.
Numerosos defensores de derechos humanos señalaron que la respuesta estatal ha ido escalando cada año, pero que la gravedad de esta represión ha sido inusual y muestra las prioridades del gobierno: proteger a los agresores mientras se criminaliza la protesta pacífica. La abogada Syeda Kashamala cuestionó la legalidad de emplear una ley colonial para restringir derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como la libertad de expresión y reunión pacífica.
En la Asamblea Nacional pakistaní, el ministro de Interior justificó las detenciones alegando que los manifestantes intentaban provocar desórdenes públicos. Sin embargo, miembros del Partido Popular de Pakistán (PPP), formación aliada en el gobierno, repudiaron la actuación policial y defendieron el derecho a protestar pacíficamente en una fecha símbolo para las mujeres.
Persisten las dificultades para Aurat March
Desde hace ocho años, Aurat March ha sido un símbolo de resistencia feminista en Pakistán, llevando a cabo manifestaciones en las principales ciudades como Lahore, Karachi, Multan e Islamabad para denunciar el patriarcado y exigir derechos para mujeres y comunidades marginadas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha oscilado entre intentos de bloqueo y episodios de violencia, como ha quedado patente este año en la capital.
Aunque hay previstas nuevas marchas, como la de Karachi para el 10 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre, la organización de Lahore ha decidido posponer el evento por la observancia del mes sagrado musulmán de Ramadán. Desde Multan, Laiba Zainab informó que están pendientes de evaluar la situación internacional vinculada a la guerra en Irán antes de anunciar fechas definitivas.
El Aurat March ha decidido dedicar esta edición de 2026 a la memoria de los abogados de derechos humanos Imaan Mazari y Hadi Chatta, quienes recientemente fueron condenados a 10 años de prisión acusados de “ciberterrorismo” y difusión de “información falsa”, tras manifestar solidaridad con activistas de minorías étnicas y criticar a las fuerzas armadas pakistaníes.
Este episodio en Islamabad subraya la persistente vulnerabilidad de los movimientos sociales en Pakistán y la resistencia institucional a reconocer y proteger los derechos fundamentales de la sociedad civil.
