La reciente transformación en la política de Estados Unidos respecto a los derechos LGBTQ+ ha desencadenado un inquietante retroceso en la situación de estas comunidades en diversos países, especialmente en el sur de Asia y en Belice. La disminución significativa en la financiación, junto con un ambiente político menos favorable, ha agravado la violencia y la invisibilización, sobre todo afectando a las personas lesbianas, bisexuales, queer y trans femeninas.
En países como India, Pakistán y Nepal, donde existen avances legales limitados en materia de derechos LGBTQ+, activistas y organizaciones locales denuncian que el giro en la política estadounidense, especialmente durante la administración Trump, ha empoderado a movimientos anti-derechos. “Las mujeres ni siquiera pueden elegir a su pareja de vida, por lo que una relación entre personas del mismo sexo ni siquiera se contempla,” explica Sandii, fundadora de la Mobbera Foundation en India.
En Pakistán y Bangladesh, donde la homosexualidad es ilegal, las identidades trans suelen enfrentar violencia exacerbada por grupos religiosos. Nafisa, mujer queer paquistaní, señala la invisibilidad social a la que están sometidas: “Puedes ser quien eres, pero no debes expresarlo en voz alta. Esto no es el islam, sino la cultura.” Además, muchas personas LBQT+ sienten que sus derechos son percibidos como ideas extranjeras, distanciándolas del apoyo social.
El recorte de casi un 90% en fondos de USAID durante la gestión Trump afectó gravemente a organizaciones que atendían las necesidades de estas comunidades, desde servicios críticos hasta el reconocimiento de las identidades de género. A pesar de que países como India o Nepal lograron ciertos hitos legales en años recientes, la retórica y la violencia anti-trans han aumentado notablemente.
Un informe de 2025 del Kaleidoscope Trust (Reino Unido) subraya que la reducción de fondos para organizaciones LGBTQ+ deriva en un clima de seguridad cada vez más hostil. La disminución del apoyo estadounidense ha generado que otros financiadores europeos también modifiquen sus prioridades, dejando a muchas organizaciones sin el respaldo moral y económico anteriormente ofrecido. Alex Farrow, CEO de Kaleidoscope Trust, destaca que el poder blando de Estados Unidos era clave para impulsar cambios que ahora parecen estancarse.
En Sri Lanka, por el contrario, grupos como Mother’s Movement han celebrado las posturas del gobierno estadounidense que atacan las comunidades LGBTQ+, solicitando que continúe esta línea de acción. Para organizaciones como Astraea Foundation, esta coyuntura ha implicado reforzar la seguridad y sostener a sus socios en una región donde el espacio cívico se ha reducido desde 2017.
Las descargas presupuestarias han debilitado a muchas organizaciones pequeñas, que suelen depender de una o dos subvenciones para su supervivencia. Jean Chong, de Asia LBQ Network, explica que los fondos feministas que normalmente respaldaban un amplio rango de proyectos han sufrido un fuerte impacto al perder recursos derivados de USAID, lo que afecta a quienes trabajan directamente con la comunidad LBQT+.
Este patrón de recortes persiste con cada administración republicana, afectando derechos vinculados a la salud, la anticoncepción, el VIH y la diversidad sexual. La generosa financiación durante la presidencia Biden fue una excepción que ahora se ve revertida, generando cierre de programas y un aumento en la carga emocional y el agotamiento del personal que lucha por estos derechos.
Frente a esta crisis, surgen iniciativas para superar la dependencia del apoyo internacional. En Bangladesh y Belice, activistas buscan autofinanciarse mediante proyectos vinculados a causas ambientales o servicios comunitarios, mientras en India han emergido fondos filantrópicos locales como el Pride Fund, apoyado por empresas como Godrej Industries y Tata Trusts, que permiten reabrir centros de atención para personas transgénero.
Sin embargo, la discriminación y exclusión persiste especialmente en las mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ). En buena parte del sur de Asia, la criminalización continúa y la atención estatal se centra en hombres gays y mujeres trans, invisibilizando a otras identidades y perpetuando una misoginia latente. En Nepal, a pesar de permitir el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo, las lesbianas no pueden acceder a subsidios para viudas, un reflejo de la desigualdad persistente.
En Belice, la legislación ni siquiera reconoce el derecho de las personas trans a modificar su género en documentos oficiales, lo que limita gravemente el acceso a cuidados afirmativos. PETAL, la única organización que trabaja por los derechos de mujeres LBQ en el país, destaca que las parejas del mismo sexo no tienen reconocimiento legal, ni siquiera en relaciones de hecho, lo que limita recursos y protección en casos de ruptura.
Además, las barreras socioeconómicas y culturales dificultan aún más la visibilidad y la participación en eventos comunitarios para las mujeres LBQ de ciudades pequeñas o de entornos con menor poder adquisitivo. En Pakistán, la presencia de mujeres queer en espacios digitales es escasa por temor a ser expuestas. “Es agotador mantener dos vidas,” confiesa Nafisa. En Nepal, las diferencias de casta también obstaculizan la aceptación del colectivo LGBTQ+.
En definitiva, el cambio en las políticas estadounidenses ha agravado un escenario ya complejo para las comunidades LBQT+, especialmente para las mujeres lesbianas, bisexuales y queer, que sufren una doble invisibilización. No obstante, expertos como Alex Farrow recuerdan que en las últimas décadas se ha logrado una reducción significativa en la criminalización de la homosexualidad a nivel mundial sin depender exclusivamente de apoyos gubernamentales, lo que podría augurar un futuro de resistencia y renovación para los movimientos LGBTQ+.
Este análisis revela la necesidad urgente de diversificar la financiación, fortalecer espacios seguros y desafiar las estructuras misóginas y homófobas que continúan oprimiendo a estas comunidades a nivel global.
