El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes culminó con un acuerdo crucial entre los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que decidieron aprobar dos reales decretos separados: uno enfocado en políticas de vivienda y otro dirigido a contener el aumento del coste energético.
Dos paquetes de medidas para dos desafíos diferentes
El primer decreto abarca acciones para reducir la carga impositiva sobre combustibles, con una rebaja del 10% del impuesto a estos productos, junto con una disminución de tributos en la electricidad. Además, se amplía el bono social eléctrico para proteger a los consumidores más vulnerables.
Asimismo, esta norma establece un mecanismo para controlar los márgenes de beneficios empresariales en el suministro de combustible a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitiendo fijar límites a posibles márgenes injustificados. También incluye la prohibición de ciertos suministros energéticos, demandas clave planteadas por la formación de Yolanda Díaz, Sumar.
Prolongación automática de contratos de alquiler
El segundo decreto atiende el bloque de medidas relacionadas con la vivienda, especialmente las reclamadas por Sumar. Entre estas, sobresale la prórroga automática por dos años de aproximadamente 600.000 contratos de alquiler que vencían este año, buscando mitigar el impacto de la inflación y evitar una posible crisis habitacional.
Desde Sumar expresaron su satisfacción con la inclusión de estas medidas, que representan un avance sustancial sobre la propuesta inicial que solo contemplaba una reducción fiscal. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó en sus redes que el acuerdo amplía el escudo social con la protección a inquilinos y el control del margen empresarial, enfatizando la importancia de luchar contra la especulación y proteger a las familias frente a las repercusiones de la guerra y la inflación.
Un despliegue de política social y económica para la crisis actual
Estos decretos marcan un paso importante en la estrategia del Ejecutivo para afrontar las dos grandes preocupaciones ciudadanas: la subida descontrolada de la factura energética y la inseguridad en el acceso a viviendas asequibles. La combinación de recortes fiscales, control de beneficios empresariales y medidas protectoras en el mercado inmobiliario buscan ofrecer un alivio tangible en la coyuntura económica actual.
