El Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que demanda al Gobierno reforzar y modernizar la planificación de las redes eléctricas en España. Este paso es vital para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos de vivienda que hoy se ven frenados por la saturación de la red eléctrica y la falta de acceso a la potencia necesaria.
Según detallan desde el PP, numerosos municipios disponen ya de suelo, acuerdos con promotores, financiación, permisos y demás condiciones para construir tanto vivienda pública como privada. Sin embargo, las compañías distribuidoras frecuentemente rechazan suministrar la potencia requerida, dado que sus nodos de distribución están saturados o con concesiones comprometidas. Esta situación representa un obstáculo serio para la ejecución de proyectos urbanísticos.
El PP critica el modelo actual de atribución de acceso a la red eléctrica en España, que se basa en el criterio de quien primero solicita, primero recibe, lo que contrasta con la recomendación de la Comisión Europea de priorizar los desarrollos con mayor grado de madurez. Ello genera inseguridad jurídica y riesgos financieros considerables para los ayuntamientos, pues los proyectos incurren en elevados costos de urbanización sin garantías de servir a la potencia eléctrica necesaria, generando un efecto paralizador sobre la inversión en vivienda.
Asimismo, señalan que Red Eléctrica no ha realizado las inversiones requeridas para renovar y ampliar la red de transporte, dejando esta infraestructura obsoleta. De hecho, de las 422 ampliaciones aprobadas tras el apagón, el doble de gigavatios se destinó a la producción de hidrógeno verde en comparación con nuevos desarrollos residenciales, lo que evidencia un orden de prioridades que desfavorece a los proyectos de vivienda.
El PP insta a la aprobación inmediata del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030, que debe contemplar las inversiones necesarias para adaptar la red a las necesidades urbanísticas actuales.
Además, reclama que el Gobierno explique la falta de coordinación entre los ministerios de Vivienda y Transición Ecológica, responsables de la planificación y gestión eléctrica, ya que esta descoordinación pone en riesgo la construcción de nuevas viviendas. Se solicita también la implementación de mecanismos que otorguen mayor seguridad jurídica, permitiendo priorizar el acceso a la red basado en la madurez de los proyectos en lugar del orden de solicitud.
Por último, el PP propone diseñar procedimientos ágiles y flexibles para modificar la planificación tanto de la red de transporte como de distribución, incluyendo la posibilidad de que gestores eléctricos puedan emitir certificaciones vinculantes sobre concesiones futuras de acceso y conexión.
La formación exige un informe detallado que cuantifique cuántas viviendas y desarrollos urbanísticos están actualmente afectados por estas limitaciones, para dimensionar correctamente el impacto de la insuficiencia inversora en la red eléctrica.
Esta iniciativa del PP cobra especial relevancia en un contexto en el que la demanda de vivienda y la transición energética plantean retos concurrentes para España, haciendo imprescindible una infraestructura eléctrica robusta y adaptable que impulse el desarrollo urbanístico y garantice la seguridad jurídica y económica de los proyectos.
