El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un ambicioso plan con 80 medidas y una inversión de 5.000 millones de euros para contrarrestar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio. El plan, que fue aprobado tras un Consejo de Ministros extraordinario, busca blindar a la sociedad y a la economía española ante la incertidumbre y volatilidad provocadas por el conflicto.
Un escudo social y económico sin precedentes
Sánchez destacó que «situaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias», enfatizando la magnitud del paquete que convierte a España en el país con la mayor protección social y económica dentro de la Unión Europea para hacer frente a esta crisis. Entre las medidas destacadas está la vigencia indefinida del plan, con posibilidad de ampliación si la conflictividad regional se intensifica.
Medidas fiscales para aliviar el coste energético
En concreto, se aplicará una reducción significativa de la fiscalidad energética, bajando hasta un 60% impuestos relacionados con la electricidad. El IVA disminuirá del 21% al 10% en carburantes, electricidad, gas natural y otros combustibles como briquetas y pellets. Además, se congelará el precio máximo del butano y propano, y se recuperará una bonificación del 80% en peajes eléctricos para la gran industria.
De forma complementaria, se suspende temporalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y se rebaja el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo permitido por Bruselas. En cuanto a los hidrocarburos, el IVA y los impuestos especiales se reducirán al tipo más bajo contemplado por la normativa europea, lo que generará un ahorro aproximado de 20 euros por depósito de combustible.
Apoyos directos para sectores vulnerables
El plan también contempla ayudas específicas para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, otorgándoles un subsidio de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional utilizado en sus actividades. Asimismo, se habilitarán ayudas destinadas a la adquisición de fertilizantes para proteger la cadena agroalimentaria y contener la inflación en la cesta de la compra.
Refuerzo del control y restricciones en despidos
Para evitar que las empresas obtengan beneficios a costa de la crisis, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá mayores poderes de supervisión y sanción. Además, el Gobierno prohibirá los despidos objetivos motivados por causas económicas derivadas del conflicto, especialmente en las compañías que accedan a las ayudas públicas.
Impulso al autoconsumo y movilidad sostenible
El plan incorpora un ambicioso paquete de deducciones fiscales para fomentar el autoconsumo energético mediante instalaciones de placas solares, bombas de calor y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, habrá una deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y enchufables, apuntando a una transición energética alineada con objetivos ambientales y de ahorro.
Medidas para vivienda y alquiler
En paralelo, se aprobaron medidas para el sector de la vivienda que incluyen la prórroga automática y excepcional de un máximo de dos años de todos los contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, afectando a más de un millón de contratos y casi tres millones de personas. También se establece un régimen jurídico específico para contratos de concesión relacionados con vivienda social o asequible en suelo público.
Calendario y aplicación
Este paquete de medidas entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con efectos prácticos desde este domingo, aunque la ratificación parlamentaria está prevista para el 26 de marzo. La iniciativa gubernamental refleja la preocupación por el posible agravamiento de la crisis y la voluntad de mantener un escudo protector ajustado a la evolución del conflicto.
