La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado con dureza este lunes la concesión de semilibertad a Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’, exdirigente de ETA. Gamarra calificó esta decisión como una «inmoralidad» y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de aprovechar la política penitenciaria como herramienta política para mantener el poder.
En un contexto marcado por la polémica generada alrededor de los acercamientos y beneficios concedidos a presos vinculados a ETA, la responsable popular denunció que estas acciones minan la confianza en el sistema judicial y fragilizan la seguridad democrática. Para hacer frente a esta situación, el PP anunció que presentará una propuesta de reforma de la política penitenciaria en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de evitar que decisiones semejantes se sigan dando en el futuro.
La concesión de semilibertad a ‘Anboto’, que cumple condena por su participación en delitos relacionados con la actividad terrorista de ETA, ha reabierto el debate sobre la interpretación y aplicación de la ley en torno a los beneficios penitenciarios para presos de este perfil. Desde el PP se exige una regulación más estricta que impida aplicar criterios que, según sus declaraciones, terminan beneficiando a quienes cometieron graves atentados.
Asimismo, Gamarra insistió en que el Ejecutivo socialista no puede utilizar la política de prisiones como «moneda de cambio» o instrumento de presión política. Denunció que, tras conceder dicha semilibertad, el Gobierno se muestra más interesado en beneficiar a determinados colectivos que en garantizar la justicia y la seguridad.
El PP advierte que el cumplimiento de las penas debe ser riguroso y que cualquier medida de flexibilización tiene que estar subordinada a criterios estrictos de justicia y respeto a las víctimas del terrorismo. La propuesta de reforma que presentará en el Congreso buscará endurecer las condiciones de acceso a permisos penitenciarios y limitará la discrecionalidad en estos procesos.
Con este movimiento, el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo pretende capitalizar el malestar existente en sectores de la sociedad que consideran inadecuados los beneficios concedidos a integrantes de organizaciones terroristas, especialmente cuando la percepción es que estas decisiones responden a razones políticas más que jurídicas.
En definitiva, el PP tratará de modificar el marco normativo para blindar la política penitenciaria frente a influencias políticas y asegurar que el sistema penitenciario no se convierta en un instrumento para negociar apoyos al Gobierno ni para debilitar la contundencia contra la violencia terrorista.
