Las ventas de vehículos eléctricos (VE) en Estados Unidos atraviesan un periodo complicado. Aunque estos coches superan a los de gasolina en múltiples aspectos, su crecimiento se ha visto frenado de manera significativa en los últimos meses. La razón principal que explica este descenso no es un misterio: desde enero de 2025, el Gobierno estadounidense ha adoptado una postura más rigurosa y restrictiva hacia la eficiencia energética, reduciendo normativas de ahorro de combustible, limitando acciones contra contaminadores y, crucialmente, suprimió los créditos fiscales que fomentaban la compra de vehículos eléctricos.
El fin de los incentivos fiscales a finales de septiembre de 2025 provocó un efecto de adelanto en la adquisición de estos vehículos, concentrando las ventas en el tercer trimestre de aquel año. Sin embargo, esta subida temporal fue seguida por un desplome en el último trimestre. En enero de 2026, tan solo el 5,1% de los vehículos nuevos vendidos eran eléctricos, un descenso notable frente al 8,3% registrado en enero de 2025.
Pero la situación no mejora, ya que los legisladores estadounidenses continúan aplicando políticas poco favorables a los VE. El presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, Sam Graves (republicano de Missouri), ha propuesto la inclusión de un impuesto federal anual de 250 dólares para propietarios de vehículos totalmente eléctricos. Los propietarios de automóviles híbridos también se verían afectados, con una tasa de 100 dólares al año.
Este impuesto se incorporaría al proyecto de ley de transporte que se está tramitando actualmente y tiene como objetivo principal compensar la caída en ingresos derivados de los combustibles fósiles, que tradicionalmente se usan para financiar el mantenimiento de carreteras e infraestructuras. Sin embargo, la medida ha generado un fuerte debate dado que penaliza a los conductores que optan por tecnologías más limpias y eficientes.
No es la primera vez que Graves intenta imponer este tipo de gravámenes. El año pasado, el mismo comité bajo su liderazgo buscó introducir una tasa escalonada para vehículos eléctricos que comenzaría en 200 dólares anuales, aunque en esa ocasión la propuesta no prosperó.
La propuesta actual llega en un momento en el que el mercado de los vehículos eléctricos ya enfrenta desafíos importantes, entre ellos la retirada de incentivos fiscales, el aumento de los costes de producción y la competencia con vehículos tradicionales cada vez más eficientes. Este nuevo impuesto podría ralentizar aún más la adopción masiva de los VE, a pesar de la urgencia por reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia una movilidad sostenible.
En definitiva, mientras crece la preocupación mundial por el cambio climático y la necesidad de transitar a energías limpias, la política estadounidense para los vehículos eléctricos parece tomar un rumbo restrictivo que podría afectar la expansión de esta tecnología en el país.
