El 27 de febrero de 2024, Donald Trump tomó una decisión inédita que rompió el hasta entonces sólido acuerdo entre Silicon Valley y la Administración federal. Ordenó a todas las agencias gubernamentales dejar de utilizar inmediatamente la tecnología desarrollada por Anthropic, una de las principales compañías de inteligencia artificial (IA) del país, imponiendo un retiro gradual de seis meses.
La inusual etiqueta de riesgo para la seguridad nacional
En un movimiento que resonó en la política y en los negocios, el Pentágono designó a Anthropic como un «supply-chain risk» o riesgo en la cadena de suministro para la seguridad nacional. Esta clasificación, que hasta ahora solo se aplicaba a adversarios extranjeros, representa un golpe sin precedentes para una empresa estadounidense de IA integrada en el complejo tecnológico nacional.
Esta acción no solo implicó la rescisión del contrato, estimado en aproximadamente 200 millones de dólares, sino una represalia institucional que busca enviar un mensaje claro a todo el sector tecnológico: el Gobierno ejerce control absoluto sobre los términos estratégicos y no tolera desacuerdos.
El conflicto por las fronteras éticas y políticas de la IA militar
El desencuentro entre Anthropic y el Pentágono se centró en límites éticos para la aplicación de IA: la empresa se negó a permitir el uso de su modelo Claude en la vigilancia masiva doméstica y en el desarrollo de armamento autónomo sin control humano, argumentando además que estos sistemas aún no son suficientemente confiables para decisiones operativas críticas.
Mientras Anthropic defendía estas restricciones como salvaguardas para mantener la legitimidad democrática, la Administración de Trump lo interpretó como una tentativa de imponer condiciones que contravenían la soberanía del Gobierno en materia de seguridad nacional.
Una fractura que redefine la alianza Estado-empresa
Este episodio revela una nueva dinámica en la relación entre el Estado y las empresas de inteligencia artificial: la cooperación está condicionada a la aceptación incondicional del marco de actuación impuesto por el Gobierno. El precio de disentir puede ser perder el acceso a los mayores contratos y mercados.
Curiosamente, horas después de la ofensiva contra Anthropic, OpenAI anunció un acuerdo con el Pentágono con condiciones similares pero con guardarraíles explícitos para evitar vigilancia masiva y autonomía total en armas, evidenciando que el problema no era el fondo de las restricciones sino quién podía plantearlas.
Reacciones y repercusiones en la industria tecnológica
La reacción en Silicon Valley fue de preocupación y cierta división. Más de 200 empleados de Google y OpenAI y otros trabajadores tecnológicos expresaron su apoyo a Anthropic, alertando sobre el impacto negativo que podría tener sancionar a una empresa por defender límites éticos mínimos.
Grupos empresariales también manifestaron su rechazo al uso de la designación de riesgo en la cadena de suministro contra compañías estadounidenses, advirtiendo que podría generar una incertidumbre considerable en toda la industria.
Un pacto condicionado y un futuro incierto
Hasta ahora, el plan de acción AI de la Administración Trump promovía la desregulación, la expansión y la integración de la inteligencia artificial con el sector privado. Sin embargo, la ruptura con Anthropic deja claro que esta alianza está supeditada a la subordinación absoluta a la dirección estratégica del Gobierno en cuestiones de seguridad y defensa.
Con este paso, la cooperación Estado-tecnología deja de ser un acuerdo entre iguales para definirse como una relación donde la soberanía política y ética de la inteligencia artificial recae exclusivamente en la Administración federal.
Imagen destacada: Foto de Ana Claudia Quevedo Estrada en Pexels.
