El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de respuesta para mitigar los impactos económicos derivados de la guerra en Irán, que incluye medidas clave para proteger el empleo y avanzar hacia la sostenibilidad en el ámbito laboral.
Prohibición de despidos en empresas beneficiarias de ayudas públicas
Una de las disposiciones más relevantes del plan es la prohibición para las empresas que se beneficien de ayudas relacionadas con los efectos económicos del conflicto bélico de proceder a despidos objetivos. Esta medida, confirmada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, busca garantizar la estabilidad laboral durante un periodo de alta incertidumbre económica.
Impulso a la movilidad sostenible en el entorno laboral
Además, el plan adelanta un año la entrada en vigor de la obligación para que empresas y entidades públicas de mayor tamaño cuenten con planes de movilidad sostenible al trabajo. Esta obligación se extiende ahora a las empresas privadas que reciban estas ayudas, siempre y cuando tengan más de 200 trabajadores o más de 100 por turno.
De esta manera, las compañías afectadas deberán implementar sus planes antes de que finalice el año en curso. El objetivo de estos programas es fomentar alternativas al uso del vehículo privado, favoreciendo el transporte público, la bicicleta, el coche compartido, el teletrabajo y la mejora de la seguridad vial.
Contexto y otras medidas complementarias
Estas iniciativas se enmarcan en el conjunto de un paquete de 80 medidas que movilizarán alrededor de 5.000 millones de euros para paliar las consecuencias económicas y sociales del conflicto en Irán. Entre las acciones destacan también la reducción del IVA en electricidad, gas, gasolina y gasóleo al 10%, así como otras rebajas fiscales destinadas a aliviar los costos energéticos.
El sector empresarial ha vivido un impacto tangible en los mercados, ejemplificado por la caída del Ibex 35, que perdió un 9% en las tres semanas posteriores al inicio de la guerra, situándose por debajo de los 16.800 puntos.
Con este plan integral, el Gobierno busca no solo proteger el empleo y la actividad económica, sino también avanzar en compromisos ambientales y sociales que contribuyan a una recuperación sostenible.