El PSOE ha remitido un escrito oficial a la Mesa del Congreso en el que señala que Vito Quiles, un reconocido «influencer» político con acreditación periodística, ha cometido varias «infracciones graves» tras grabar un vídeo en un despacho reservado al Grupo Popular durante una sesión parlamentaria. El espacio en cuestión pertenece a la diputada valenciana Alma Alfonso, y está expresamente prohibido para el acceso de periodistas, salvo que exista una invitación formal y comunicación previa a los servicios técnicos del Congreso.
La denuncia del PSOE sostiene que Quiles, al incurrir en esta acción, no solo vulneró los protocolos y normativas internas que regulan el uso de las dependencias parlamentarias sino que también puso en riesgo la seguridad y privacidad de las actividades que se desarrollan en esos despachos. Los socialistas recuerdan que los espacios asignados a cada grupo parlamentario cuentan con un régimen de acceso muy estricto precisamente para garantizar el correcto funcionamiento y la confidencialidad de las labores políticas.
Asimismo, el PSOE reclama a la Mesa del Congreso que investigue este episodio para determinar las responsabilidades correspondientes y evitar futuras acciones similares que puedan comprometer el orden y las reglas establecidas en un entorno tan riguroso como es el Congreso de los Diputados.
Vito Quiles, que ha alcanzado popularidad en redes sociales por su cobertura y comentarios sobre la política española, dispone de acreditación para prensa, pero la denuncia subraya que esta autorización no le faculta para infringir las normas vigentes respecto a los espacios exclusivos de los grupos parlamentarios. De hecho, la actuación de Quiles ha generado un debate sobre los límites entre el periodismo tradicional, el activismo político y el fenómeno de los «influencers» en el ámbito político.
En el escrito presentado, el PSOE asegura que el objetivo de esta denuncia es preservar la integridad y la correcta utilización de las instalaciones parlamentarias y también poner en evidencia que el cumplimiento de las normas debe ser igual para todos, sin excepción, independientemente de la notoriedad o el perfil público que pueda tener una persona o profesional.
Este caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de aclarar y reforzar las reglas que regulan la presencia y actividad de periodistas y otras figuras mediáticas dentro de los espacios oficiales del Legislativo, con el fin de evitar situaciones conflictivas y mantener el respeto institucional que se espera de todas las partes involucradas.